domingo, 28 de diciembre de 2014

Podemos, o no



Podemos ha adelantado de mano de dos muy destacados economistas socialdemócratas las líneas básicas de su programa económico. Pocos días después los componentes del equipo económico de Podemos han hecho públicas alguna precisiones sobre este programa.          
Tanto Vicenç Navarro como Juan Torres, redactores de estas líneas básicas, son economistas de reconocidísimo prestigio, si bien tenidos como poco ortodoxos con las propuestas hoy en boga en nuestro ámbito académico. Otros economistas profundamente críticos con la ortodoxia como Santiago Niño Becerra o Juan Laborda llevan mucho tiempo defendiendo posturas parecidas e incluso Santiago Niño ha elogiado la coherencia de este avance de programa.
En contra todavía no se han oído voces serias y prestigiosas, pero si alaridos e improperios de diferentes políticos de la derecha.
Las propuestas de este avance de programa se reducen a algo tan simple como tomar medidas típicamente socialdemócratas sobre la fiscalidad, el crédito, y la deuda, incluyendo imprescindibles reformas sociales progresivas.
Consideran que es imprescindible gravar la fiscalidad de los más altos niveles económicos, y reformar una Hacienda pública demasiado laxa para los poderosos a pesar de la excelente actitud de la inmensa mayoría de sus funcionarios. Utilizan tan solo una actitud comparativa con los países de nuestro entorno, como por ejemplo indicar que en España proporcionalmente hay menos de la mitad de inspectores de hacienda que en nuestra vecina Francia y la cuarta parte que en un Estado tan poco serio como Luxemburgo, que al fin y al cabo el sindicato de inspectores de hacienda considera que casi tres cuartas partes del fraude se concentra en tan sólo tres mil grandes empresas, que la tributación de los más poderosos se encuentra entre el 1% y el 3,5 % mientras que la de los más débiles se encuentra alrededor del 45 %, que la tributación por la renta recae más en los más débiles que en los mejor retribuidos, que se protege fiscalmente la privatización antes que lo público, y que, en suma, en nuestro entorno europeo sucede justo lo contrario y eso lleva funcionando muchísimos años y nadie lo ha considerado equiparable a la toma del palacio de invierno, en plena revolución bolchevique.
Respecto a la ya tan debatida cuestión del pago de la deuda, se han limitado a proclamar que la contraída por la ciudadanía en general es obligado pagarla siempre que no ahogue a los ciudadanos con menos recursos. Esto quiere decir que tal como proponen, e igual que pasa en casi todo nuestro entorno comunitario, no se pueda cortar la luz entre octubre y marzo a quienes no puedan pagarla y se les han de conceder moratorias prorrateadas al resto del año, que la dación en pago ha de liquidar las deudas hipotecarias pendientes dado que el bien que las respaldaba ha de considerarse suficiente para liquidarla y los intereses posteriores son ajenos a tal importante garantía, que haya una limitación a las condiciones de desahucios que permitan trasformar la deuda pendiente en pago de alquiler social, y algunas medidas de sentido común social más.
Pero lo importante es que parten de una base ciertísima: que la deuda total firmada por Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, empresas y particulares es manifiestamente injusta y claramente impagable.
Por una parte la banca y los fondos de inversión han condonado deudas descomunales a las inmobiliarias arruinadas tras el estallido de la burbuja inmobiliaria por el procedimiento de la dación en pago que ha alcanzado según parece hasta incluso el 80 o 90 % de los créditos inmobiliarios que respaldaban tales operaciones. Además han vendido buena parte de esos créditos de las pequeñas y medianas inmobiliarias a fondos buitre que los han adquirido a menos del 40 %  de su valor nominal, luego, esos bancos han ido al Estado y le han dicho que si no pagan a su vez los créditos que deben a otros bancos mayores o a fondos internacionales de inversión se verían abocados a la quiebre, y por fin el Estado, o sea los ciudadanos les hemos regalado esas diferencias para evitar su quiebra. Exactamente el Estado les ha prestado esa descomunal diferencia a sabiendas de que tarde o temprano se les habrá de condonar, y de hecho ya ha declarado el gobierno que muchos de esos miles de millones no se recuperarán jamás. Gracioso ¿verdad?
La propuesta es sencilla: lo que los bancos y fondos prestaron a las inmobiliarias y a los gobiernos locales autonómicos y ayuntamientos con evidentes créditos temerarios, lo hicieron porque así lo decidieron, lo que condonaron a las inmobiliarias lo hicieron porque les resultaba rentable ya que sabían que nunca cobrarían esos créditos fallidos en su totalidad, lo que pasaron con importantes pérdidas a fondos buitres lo hicieron para hacer caja porque así les resultaba conveniente. Páguenlo ellos, no los ciudadanos que nada tuvimos que ver con semejantes especulativas operaciones.
En el fondo algo así, aunque no pueden explicitarlo ahora, es la propuesta de Podemos, calcular la deuda real de los ciudadanos para construir carreteras, trenes o dar crédito a simples ciudadanos y el resto que se lo apañen entre ellos. ¿No parece más razonable que hacérnoslo pagar a los demás?
¿Qué habría bancos que irían a la quiebra? Pues claro, estaban quebrados desde el principio y no hay problema en comprarlos por parte del Estado por el clásico precio de 1 euro y crear una imprescindible banca estatal ¿o no la hay en buena parte de los ultraliberales países de nuestro entorno? Pues claro que la hay, o bien propiedad total del Estado o parcial.
Y los créditos vendidos a fondos buitres a precios de saldo, generalmente menos del 40 % de su valor nominal, ¿no son perfectamente recomprables por parte del Estado a esos precios de saldo para dedicar esos activos, sobre todo inmobiliarios a finas sociales o a su venta a precios ya ajustados a la realidad?
Todo son fórmulas simples que lo que sabemos es que son perfectamente coherentes, ajustadas y que resultan habituales en nuestro entorno geográfico, político e histórico.
Queda por responder la pregunta clave ¿Aceptarían estos bancos fondos y grandes empresas estas condiciones? Pues es bien simple. Si un partido socialdemócrata gana las elecciones en situación explosiva de crisis económica es ciertísimo que esas entidades sabrán sentarse a negociar con ese gobierno y se negociará simplemente cuanta deuda se condona, en qué condiciones, y a que plazos e intereses, pero nada más.
¿Cree alguien que no? Pues las grandes empresas ya han dicho que si ganara Podemos ya se sentarán a negociar. Los que no lo ven nada bien son los partidos del poder que viven de cambalachear con esos bancos y megaempresas. La ventaja es no partir de deber el poder a esos bancos y empresas. Es el caso de Podemos ¿curioso, verdad?
Todas esas empresas y bancos preferirán cobrar un 50 o 60 % de las deudas firmadas que no cobrar nada, todas preferirán alargar los plazos de pago y reducir los intereses antes que verse abocadas a la quiebra, todas preferirán llegar a acuerdos que entrar en el caos generalizado. Ese es el caso. O ese caos con sus inevitables quiebras, con el que esas empresas y bancos no simpatizan excesivamente.
Y ante las subidas de impuestos a los más ricos y la fiscalización rigurosa de las grandes empresas pueden optar por tragar o nada, no tienen otras posibilidades.
Y queda otra vía que ya han dejado caer para recapitalizar el Estado. Es la vía penal. Hay que devolver el dinero indebidamente apropiado por políticos y empresarios corruptos. Y eso consiste simplemente en aprobar unas pocas reformas penales: declarar imprescriptibles los delitos ligados a la corrupción: prevaricación, cohecho, falsedad en documentos público, malversación de caudales públicos, etc., y reglamentar el tercer grado de tal forma que los condenados por estas causas y no devuelvan dineros irregularmente apropiados no puedan acceder a él. También es sencillo teniendo suficiente mayoría.
Y todo esto no es más que tradicional política socialdemócrata, con al más absoluto respeto al mercado libre, a las libertades y a las reglas democráticas más estrictas.
Claro que tiene dos peligros, pero nadie piense que por parte de banqueros y grandes monopolios y grandes empresarios. Todo esto sólo es posible si ese gobierno tiene las leyes y la calle
El primero es que la calle es muy peligrosa para un sencillo partido socialdemócrata. Tiene que saber utilizarla sin que se le escape de las manos y resulte incontrolable y eso acostumbra a dar algo de miedo al poder socialdemócrata. Con la actual legislación ultrarreaccionaria es una baza arriesgada y para llegar realmente al poder es preciso utilizarla aún a sabiendas del riesgo que se corre. Veremos si Podemos sabe hacerlo. Y además carece de poder sindical y el plazo para organizarlo se le echa encima, y sin poder sindical es improbable tener la calle realmente. Ese es el primer gran desafío.
Y el segundo no viene por banqueros y empresarios que son gente que sabe negociar si no les queda más remedio, viene de los que no saben ni quieren nunca negociar, por las cavernas: la Iglesia y el Ejército. Esa será la clave, lo demás es cosa difícil pero perfectamente viable. Es simple política socialdemócrata, y desaparecida del ámbito español hace ya mucho tiempo Podemos está ocupando ese espacio, con acierto y con propuestas de lo más tradicional y razonable, con propuestas perfectamente coherentes y negociables. A su derecha quedan los que llaman ellos de la casta, los dos partidos de derechas: PP y PSOE, sus posibles aliados están a su izquierda pero son tan moderados como ellos, con la diferencia de que tienen cuadros y presencia en la calle, en las fábricas y polígonos y en los municipio. Ahí están las cartas ya casi acabadas de repartir. La partida va a empezar y parece muy dura pero muy interesante.

viernes, 26 de diciembre de 2014

LA CUESTIÓN ESPAÑOLA, LA CUESTIÓN CATALANA, LA CUESTIÓN DEMOCRÁTICA



Es un principio muy vulgar que ante un problema real en política no es una buena idea mirar hacia otro lado. Esto está pasando con la cuestión catalana por parte de casi todos los partidos.    
El asunto es algo más sencillo de lo que casi todos plantean. En primer lugar es muy improbable que un 50 % más uno de los ciudadanos de Cataluña votasen en un referéndum la independencia, pero caso de que se hiciera la consulta y fuera así, pocas cosas cambiarían de forma profunda.
De hecho el principal problema de los partidarios de la independencia es que no han mostrado ninguna estrategia elaborada para conseguir tal fin, simplemente han cogido una bandera adecuada en un momento adecuado, pero eso queda muy lejos de tener una estrategia, es una simple proclama sin demasiadas explicaciones realistas. No resulta práctico si realmente se pretende votar. Es jugar a perdedores reales apuntándose el tanto de ganadores morales sin resultados prácticos.
Partamos de principios estrictamente democráticos. Nada impide hacer una consulta acerca de si los ciudadanos de Cataluña desean formar un nuevo estado o no. No es tanto un tema de nacionalismo sentimental sino de cultura política específica. Quieren votar, y por tanto en un régimen estrictamente  democrático deberían votar.
Si el cincuenta por ciento más un ciudadano dicen que no, el gobierno catalán deberá sentarse a negociar con el gobierno del Estado cuales cambios convienen a la mejora de la convivencia dentro del Estado. No es aceptable mantener a la sociedad catalana dividida en dos mitades casi iguales sin buscar acuerdos razonables.
En caso de que la mitad más un solo ciudadano votara la independencia se abriría un proceso de negociación sobre cuestiones más bien técnicas pero de grandes repercusiones entre ambas partes. La deuda externa, el régimen fiscal de las empresas, etc.
Como obviamente la mitad de la población no desearía la independencia, en un buen acuerdo y dentro de la Comunidad Europea, no hay ningún problema, y el nuevo Estado Catalán permitiría sin dificultad que todos aquellos ciudadanos catalanes que desearan seguir manteniendo la ciudadanía española disfrutaran de la doble nacionalidad. No de las dos nacionalidades a la vez, si no de la doble nacionalidad, como tenemos con casi todos los países de la América Hispana. No se ve cual sería la dificultad para tal acuerdo que implica que los ciudadanos catalanes con doble nacionalidad se someten a la legislación catalana pero sólo cuando están en Cataluña, y cuando están en España aceptan la legislación española. ¿Hay mucho problema en ello?
Sin agresividad, sin violencia, la verdad es que los ciudadanos catalanes notarían pocos cambios en su vida cotidiana. Seguirían bajo la legislación superior europea, su legislación foral sería la misma y simplemente completarían los muy numerosos aspectos de poder político y económico que están de hecho en el actual estatuto pero el gobierno central se ha negado de forma bastante grosera a negociar.
Son simplemente los temas de dominio completo sobre puertos y aeropuertos, las leyes de costas y del suelo, la legislación municipal y comarcal, las leyes que afectan a la fiscalidad dentro de las normas exigidas por la Comunidad Europea, y poco más. ¿Cuál es el problema?
Dado que dentro de la Comunidad Europea no existen fronteras materiales nada cambiaría en el tránsito entre ambos Estados, dado que dentro del Espacio Schengen no hay limitaciones de tránsito, nada cambiaría respecto a la realidad actual.
Probablemente ningún país es más querido en España que Cuba, ni más querido en Cuba que España. Esa sería la situación entre España y Cataluña, claro que al cabo de algún tiempo en que los fanáticos de ambos espacios calmaran su agresividad.
Dejemos hablar a la ciudadanía, pensemos en valores materiales y reales, también sentimentales, y ajustémonos a los valores más sencillos de la cultura democrática, aparquemos el fanatismo nacionalista, español y catalán, y preguntemos a la ciudadanía que desea hacer con sus vidas. Es sencillo. Todos saldremos ganando y tarde o temprano habrá de hacerse así.
Esto se llama una solución democrática y civilizada ¿o alguien prefiere una solución a lo balcánico? caso que sin duda arrastraría en muy poco tiempo a Euskadi y llevaría a los militares a tomar el poder con un burdo golpe de Estado, y desde luego al caos generalizado.
No nos quedemos en un problema de nacionalismo decimonónico y pasemos a una cuestión de eficiencia democrática y cívica. Y nadie tenga miedo de preguntar a la ciudadanía. Un partido que se tenga por cívico y democrático y que esté enarbolando la bandera de la dignidad ciudadana y la restauración cívica debería estar haciendo una labor pedagógica con la ciudadanía española y aceptar perder quizás algunos votos a cambio de una actitud de máxima pedagogía democrática. Esa era la tradición socialdemócrata que algunos quieren incorporar como presumibles herederos legítimos. Háganlo.

miércoles, 24 de diciembre de 2014

EL SILENCIO DE LOS LOBOS



¿Por qué hace mucho tiempo que Luis Bárcenas no dice nada? Al principio de su encausamiento y prisión armó mucho jaleo, y ahora nada dice desde su celda. ¿Realmente no dice nada?

Alguien bienintencionado podría pensar que se ha resignado cristianamente a sufrir esa expiación de las faltas penales y civiles que es la cárcel, o alguien no tan bien pensado podría pensar que sufre duras amenazas y presiones para que permanezca en silencio.

Al fin y al cabo se le ha presentado desde el PP como el malvado que había engañado a todos sus colegas o que les compraba para mantenerles en silencio con suculentos sobres llenos de billetes de quinientos.

Es un problema de enfoque. La tesis oficial reza que el PP ha tenido la desgracia de tener dentro una organización criminal sin que nadie se diera demasiada cuenta de la gravedad de la situación. ¿Es posible creer en semejante historia?

En realidad es cuestión de enfoque. No es que un partido político tuviera dentro una organización criminal, es que una poderosísima organización criminal tenía dentro a todo un partido político.

¿Era el jefe del aparato el tal Mariano Rajoy? o ¿el jefe de la organización era precisamente el hasta su caída oculto y perfectamente desconocido Luis Bárcenas?

Sin duda el llamado por algunos el puto amo era éste individuo y la red era muy amplia con muchos ayudantes y lugartenientes. Él negociaba, cobraba, repartía, urdía las tramas urbanísticas y se llevaba la parte que debe siempre corresponder a un jefe que se precie, eso si, en el más tradicional mecanismo mafioso, sabiendo repartir, contentar, callar y supeditar a todos a sus órdenes.  

Él era el verdadero jefe y un mentecato como Rajoy era simplemente lo que se llamaría un gestor político, un simple animador. Es evidente que su talla es tan sólo esa, no es mucho más que un vulgar cacique local de los de toda la vida digno de manipular una provincia atrasada, poco más se le puede pedir. Por los resultados se le puede conocer bastante bien. Ningún pensamiento, ningún criterio de Estado, ningún argumento, ninguna política. Ese es el tipo que la organización criminal necesitaba para cubrir el expediente político, por eso le pusieron, y no debió ser precisamente ajeno su mentor Aznar.

Y este gestor es en realidad lo que se llama en lenguaje social un animador, su labor consiste en entretener, en despistar. A eso se han reducido sus tres años de gobierno.

Al fin y al cabo compuso un gobierno de notables mediocridades, e incluso mucho menos que eso. Y sólo un ministro quedó fuera de sus decisiones. Más aún, ese es el que decide la política del gobierno. No es militante del PP, le nombraron directamente los bancos de dentro y de fuera, habla a su aire y no parece tener más relación con el gobierno que la de comunicar metódicamente las decisiones económicas y políticas que convienen a quienes le nombraron, es Luis de Guindos.

A él no le parecen preocupar esos problemillas de la corrupción,  eso es cosa de Bárcenas y su gente, él se dedica a la política y ya se sabe que si se habla de política se habla de ese pequeño defecto que conlleva llamado escándalos financieros, robos, estafas, etc.

El problema es que no estén un poco más regulados, como por ejemplo en los EEUU, donde la solución a la corrupción de los ministros, diputados y políticos en general, es sencillamente legalizarla. Se registra un llamado lobby, se va a un ministro o diputado, se le ofrece dinero a cambio de votar lo que convenga a tales o cuales intereses comerciales o financieros, claramente espurios, y como es legal no pasa nada. Fácil ¿no? Aquí no se hizo y ahora vienen tormentas de difícil explicación pública, parece como que a ellos no les preocuparan ni escándalos ni corruptelas, si no tan sólo si el reparto se ha hecho tan mal que ahora puedan perder los votos de sus innumerables paniaguados a todos los niveles, sobre todo al nivel municipal que es su gran fuente de votos.

Y ahora Bárcenas calla. ¿Adivinan por qué? Pues parece sencillo. Como siempre ha pasado en este tipo de organizaciones criminales bien estructuradas y disciplinadas, sigue gobernando desde su celda. Algún tonto debió ponerse nervioso cuando le atrapó la policía, y creyó que había que hacer grandes movimientos en la organización. Poco tardó el boss en dejar claro quien es el jefe, esté o no en prisión. Ahora la organización sigue funcionando aunque deba ser dirigida desde Soto del Real. ¿Alguien duda de lo poco que le cuesta a Bárcenas hacerse con teléfonos móviles, servicios de internet, mensajería ad hoc, y cierto tipo de servicios, más que prudentes, francamente silenciosos?

En eso estamos. Y su gente desde luego hace muy bien en callar. Es el silencio de los lobos.


viernes, 12 de diciembre de 2014

¡HAY QUE SALVAR A LA PATRIA! ¡ELE!




De momento las numerosas encuestas preelectorales muestran tres partidos dominantes: Podemos, el PSOE y el PP. Los tres se mueven en porcentajes del orden del 25 al 35 %. Con tales porcentajes es improbable que cualquiera de ellos pueda formar gobierno con el simple apoyo de otras fuerzas menores, y además habrá que considerar la dificultad para llegar a acuerdos tras el enorme daño que PP y PSOE han hecho en los últimos años a las fuerzas nacionalistas catalanas y vascas.
Si las cosas se mantienen en estos mismos parámetros sólo cabe una conclusión: Habrá gobierno de coalición tras las próximas generales, sean estas en mayo o en noviembre. Y otra conclusión casi obvia: sólo dos de los tres partidos indicados pueden coaligarse para formar gobierno. ¿Adivinan cuales?
Y aquí surge el problema, al plantear esta serie de obviedades son demasiados los ciudadanos de la izquierda más amplia, que huyen horrorizados porque simplemente no les gusta un pelo semejante posibilidad. Y es que cuando la realidad no es de nuestro agrado siempre queda el remedio de decidir no aceptarla.
Algunos rechazan la idea afirmando que eso sería el fin del PSOE, otros dicen que a lo mejor Podemos puede ganar o aliarse con el PSOE, otros que todas las fuerzas de la derecha oficial juntas pueden llegar a ser mayoría, PP, Ciutadans, UPyD, Vox, etc. Vale para defenderse, pero no para ser realistas. La única diferencia entre PP y PSOE está en el ámbito de los derechos civiles, las libertades y los derechos sociales. De los primeros y segundos ya tenemos sobrada experiencia histórica y actualizada de lo poco que les importan si llega el caso de tener que acudir a salvar a la patria. Simplemente la jugada consistiría en poner cuatro paños calientes a la dureza de las leyes que aprueba el PP y seguir organizando la represión policial y judicial. Es fácil. Sobre los derechos sociales unas pocas medidas para los casos extremos y tan sólo en plan asistencial serían suficientes para el PSOE y aceptables para el PP.
Y en lo que importa, en la puñetera economía y en la política de Estado, ¿Alguien puede precisar cuáles son las importantes diferencias? FMI, OTAN, Maastrich, militares, banqueros, y las grandes empresas de la energía, las comunicaciones, el ladrillo y la obra civil, etc. ¿son diferentes? Y respecto a la Iglesia, ¿es preciso recordar la frenética actividad a favor del último gobierno socialista? ¿y el Concordato? ¿y la enseñanza religiosa en la escuela? etc., etc., etc.
Pero el problema les va a surgir en las autonómicas dónde efectivamente es un suicidio para el PSOE abandonar a sus actuales socios de Andalucía o Asturias, pero no es difícil de resolver: se mantienen estas coaliciones pero excluyendo a Podemos de todo posible acuerdo, y cuatro meses después, si las generales son en noviembre, se rompen para el alto fin de salvar a la patria. ¿Es tan difícil de verlo por más que a demasiados que se consideran de izquierdas le parezca un crimen auténtico?

jueves, 11 de diciembre de 2014

Economía, mentiras y cintas de vídeo porno



Del prolífico compositor Vivaldi se decía que había compuesto hasta quinientos conciertos, pero el sardónico Stravinski dijo que en realidad Vivaldi había compuesto un solo concierto quinientas veces. Algo así pasa con Rajoy que dice haber creado con sus reformas quinientos mil puestos de trabajo, cuando en realidad se ha limitado a crear un único puesto de trabajo quinientas mil veces.

El cálculo de puestos de trabajo comparativamente debería realizarse entre entidades homogéneas. Para ello hay fórmulas rigurosas que obviamente se pretenden eludir. Por ejemplo se deben calcular las horas de trabajo por cada puesto de trabajo y así la comparación es más rigurosa. No es lo mismo ocho contratos de trabajo de una hora cada día a la semana para un único trabajador, que un contrato fijo en el que se realicen cuarenta horas semanales de trabajo por el mismo trabajador, en el primer caso se habrían creado cuarenta puestos de trabajo, desde luego miserables, en el segundo, uno sólo, pero real. Con el primer método se está contabilizando la encuesta de paro actualmente.

Nos han dado la cifra de crecimiento del PIB de cada trimestre desde que se decidió incluir unos supuestos movimientos productivos generados por actividades ilegales, en concreto la prostitución y el tráfico de drogas. De esta manera ha aumentado el PIB en medio punto. ¿Serían tan amables de desglosar la cifra, y además de semejante estupidez increíble, darnos junto a ella la cifra comparativa con el trimestre anterior sin tráfico de drogas ni prostitución y así sabríamos realmente cuanto ha caído el PIB del pasado trimestre?

Se nos comunica por enésima vez que la banca española ha aprobado con nota las pruebas de resistencia a posibles crisis establecidas por Bruselas y Frankfurt, pero tales pruebas son desconocidas incluso por los organismos de control de cada país cuyos bancos se someten a estas pruebas. ¿Sería tan complicado poner al menos el conjunto de pruebas en manos de los parlamentos de cada país? ¿Podría una comisión democráticamente elegida de cada uno de estos parlamentos repetir ese examen a sus propios bancos?

Y así se hace en cualquier estadística oportunista que se nos ofrece, mientras la realidad tiene cada día un aspecto más y más terrorífico.

La economía es una supuesta ciencia estudiada por sesudos estudiosos que con complejos cálculos llegan a poder demostrar una cosa, la contraria, y que ambas son igualmente ciertas y falsas. Luego tenemos a los clásicos y al sentido común. Elija cada cual el tipo de análisis que prefiere.

Si el autodenominado Reino de España debe entre la deuda pública, la privada y la de la banca y grandes empresas cuatro veces y un tercio el equivalente a la producción de todo el país durante un año, quiere decirse que si nadie consumiera ni un grano de arroz en todo el país durante cuatro años y cuatro meses y sin embargo se produjera lo mismo que en la actualidad durante ese mismo periodo, la deuda se podría acabar pagando en ese mismo periodo. La otra fórmula consiste en decir más y más mentiras acerca de la deuda y esperar a ver si pasan más años antes de la debacle generalizada. Elija cada ciudadano con qué formula se quiere quedar.

Obviamente la deuda total no se pagará nunca. El problema es aceptar públicamente ese hecho y enfrentarlo para buscar cómo salir de semejante desastre. No en seguir mintiendo.

También queda la solución particular de en vez de que usted gaste su dinero en tonterías como libros, cine o teatro que tienen un IVA del 21%, se lo gaste en revistas porno que sólo lo tienen del 4%. Solucionar sus problemas económicos, no los va a solucionar, pero al menos esos ratos pasados echándoles un ojo tonto le permitirán evitar seguir durante unos minutos insultando al gobierno, y eso siempre será un relajo añadido con IVA disminuido.

Por favor, no nos sigan pasando vídeos porno con IVA del 4% a cambio de cultura con el 21%, y nos lo quieran explicar diciendo que es que el cine español es malo y por eso no va el público a verlo.

martes, 2 de diciembre de 2014

¿NUEVAS LEYES? MEJOR, NUEVOS JUECES Y FISCALES




Iniciamos en el blog una serie a la que llamaremos “Catálogo de trilerías”

Magníficos brindis al sol esos de los debates en que los corruptos y los encubridores proponen magníficas seudomedidas para acabar de una vez por todas con la corrupción generalizada en sus propias filas.
El aparato jurídico español actual es peor que malo, es una mezcla desordenada de preceptos decimonónicos, ambigüedades, correcciones a viejísimos códigos penales y civiles, superposiciones incongruentes de la legislación comercial sobre la civil en contra del verdadero espíritu del Derecho, manifiestas corruptelas de los más elementales derechos y libertades civiles, y en los peores casos verdaderas barbaridades jurídicas hijas espurias de la vieja y corruptísima dictadura franquista.
Y los jueces y fiscales conforman dos grandes grupos en líneas generales. Unos son simplemente hijos y nietos de jueces y fiscales del viejo aparato de la dictadura y otros son leguleyos sin preparación que por puro empeño en el mejor de los casos han conseguido simplemente aprobar una oposición, estando en el lugar adecuado en el momento adecuado. Cierto que siempre hay jueces y fiscales mejor preparados y más preocupados por comprender su papel en una sociedad complejísima como la actual, pero lo tienen muy difícil en su carrera profesional.

La esencia del Derecho Romano del que deberíamos ser herederos, es que la ley es algo vivo, algo que se ajusta a la sociedad sobre la que actúa de forma permanente y precisa. Cuenta napoleón en las Memorias de Santa Helena que cuando alcanzó el poder supremo pensó que el Derecho es demasiado complejo y que debería escribirse un código donde se plasmaran las normas que deberían regir en buena ley las relaciones jurídicas de los ciudadanos de forma clara y comprensible por todos, en consecuencia reunió un grupo de sabios y les indicó que llevaran a cabo esa labor para que hasta el último ciudadano pudiera comprender el alcance exacto de sus derechos y sus deberes.   
El resultado fue que el comité de sabios reunido le indicó que eso era precisamente lo contrario de nuestra herencia jurídica romana, que la ley está viva o no, y que si se reduce a un esqueleto inerte seguirá siendo Ley, pero ya no será Derecho.
El emperador comprendió el profundo sentido de la idea y mandó reducir el encargo a recoger en un código un corpus legislativo a interpretar por jueces y magistrados en conformidad con la realidad cambiante. Esa es ahora afortunadamente nuestra herencia. Falta que lo comprendan esos jueces, magistrados, fiscales y abogados que se han limitado a aprenderse más o menos cada artículo de los códigos sin pretender jamás comprender y por tanto saber interpretar la Ley.


ACERCA DE LA JUEZA ALAYA

La tan denostada jueza de Sevilla ha dictado algunos autos de enorme interés al respecto. Obviamente la discusión entre los afectados se ha limitado a hacer referencia a las supuestas razones íntimas y personales que le han llevado a redactar tales autos, al margen de si estos son ajustados a Derecho a no. Es claro que es solamente instructora y que cuando la instrucción pase a apertura de juicio, quien sea el juez encargado de esta fase podrá decidir archivar o no buena parte de las imputaciones que Alaya haya establecido como  delictivas.

En nuestra normativa administrativa existe la figura del Interventor, a todos los niveles, municipales, autonómicos, etc., cuya función es comprobar que los movimientos económicos del órgano al que están adscritos se ajustan a Derecho. Son funcionarios supuestamente independientes del nivel de la administración en el que tienen que intervenir. Si en cualquier operación observan decisiones del órgano político que entienden que no se ajustan a Derecho, tienen la obligación de elaborar un informe, llamado de reparos, en el que especifiquen qué aspectos de la decisión política no resultarían estrictamente legales.
Misteriosamente en nuestra normativa legal, ese órgano político que ha aprobado tal norma de la que el interventor ha manifestado reparos, no está obligado a reelaborarla ajustándose a Derecho, sino a “razonar” su acuerdo o desacuerdo con dichos reparos. Considerado su razonamiento por el pleno de ese órgano político, se puede proceder a levantar los reparos presentados por el interventor por simple mayoría de votos en el órgano legislativo competente, pleno municipal, pleno de la diputación, pleno de la cámara autonómica o cualquier otro órgano político decisorio. A continuación el acuerdo no ajustado a Derecho toma forma de norma aprobada y el interventor queda a cubierto al haber presentado su informe de reparos.  

Pues ahí entra la jueza Alaya al fondo de la cuestión. Afirma en su Auto que el hecho de que haya presentado tal informe de reparos no puede eximir al interventor de poner en manos de la Fiscalía el hecho manifiestamente ilegítimo de haberse levantado tales reparos sin adecuar a Derecho previamente la norma a aprobar, esto es sin rectificarla en lo que sea ilegal. En consecuencia la jueza imputa no sólo a quienes la aprobaron de esta guisa, sino también al propio interventor que se ha limitado a poner los reparos y luego ha mirado para otra parte cuando el órgano político ha aprobado la norma que él había indicado no ajustada a Derecho.
Esto que parecería una obviedad, es metódicamente ignorado por la Justicia en España. Es claro que ningún artículo especifico de la legislación penal indica la obligatoriedad del interventor de poner en conocimiento de la Fiscalía el hecho de que se apruebe una norma por simple votación de pleno levantando sus reparos sin que se haya adecuado a lo que se había indicado por el interventor que no era ajustado a Ley, pero la jueza considera que el hecho de que no exista tal artículo en la normativa legal no exime al funcionario del deber de denunciar en Fiscalía la manifiesta ilegalidad cometida y sabida por él. Esa es la novedad. Esa es la interpretación viva de la Ley en vez de la caza y captura de un artículo específico que indique tal obligación. Eso es realmente lo que hace real el Derecho Romano al que nos debemos.
Independiente de supuestas razones íntimas de la jueza, que no es tema que debiera salir nunca a la luz, sus autos nos indican que es preciso exigir que todos los demás jueces y magistrados tengan también los imprescindibles conocimientos de nuestro viejo Derecho Romano.